Donald Trump acaba de recibir una lección que debería avergonzar a cualquier líder con un mínimo de respeto por el estado de derecho. La Corte Suprema de Estados Unidos —sí, incluso con su mayoría conservadora— falló por 9 votos a 0 en contra de su administración por la deportación ilegal de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que fue expulsado del país en violación directa de una orden judicial que lo protegía.
Este hombre, trabajador legal con permiso vigente, fue enviado a una cárcel notoria en El Salvador bajo una acusación sin evidencia de pertenecer a una pandilla. Nunca fue acusado formalmente, y un juez ya había determinado en 2019 que no debía ser deportado porque enfrentaba riesgo de persecución. El gobierno de Trump lo hizo de todas formas. Una deportación ilegal, arbitraria y peligrosa.
El veredicto unánime —repito, unánime— de la Corte ordena al gobierno “facilitar su regreso” y reconoce que el caso debió haber seguido su curso normal, sin que Trump lo mandara al exilio y a una celda. Hasta los jueces más conservadores no pudieron justificar semejante abuso. Fue, sin rodeos, una paliza legal al estilo 9-0.
Pero el escándalo no termina ahí. Otro juez federal bloqueó el intento de Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El juez Edward Chen dictaminó que la decisión estaba motivada por racismo, citando las conocidas declaraciones de Trump sobre “países de mierda”. Esta gente lleva décadas viviendo legalmente en EE.UU., criando hijos, trabajando, aportando. ¿Y la “solución” de Trump? Deportarlos en masa.
Estos dos casos muestran la misma constante: un gobierno que trató a los inmigrantes como enemigos, incluso cuando eran legales, incluso cuando estaban protegidos por jueces. El racismo de Trump no era implícito. Era política oficial. Y ahora la justicia le está pasando la factura.
Que no se olvide: Trump no defendía a Estados Unidos, defendía una visión blanca, autoritaria y vengativa del país. Hoy, gracias a la resistencia jurídica y social, Abrego García podría volver a casa, y cientos de miles de personas con TPS siguen protegidas. Pero la batalla sigue.
Porque aquí nadie es ilegal. Lo ilegal fue lo que hizo Trump.
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