Algunos fulanos en Idaho no están contentos con forjar su propia identidad; prefieren comportarse como borregos y seguir las peores leyes de Texas para apantallar a la extrema derecha más escandalosa.
El año pasado, hacia el final de la sesión legislativa, el representante Jaron Crane, republicano de Nampa, presentó un proyecto de ley migratoria que era una copia calcada del infame SB-4 de Texas. Este año, el señorito lo ha vuelto a hacer. Con la propuesta de la Ley 11, Crane quiere convertir en delito menor el entrar o reingresar a los EE.UU. sin documentación. Si lo haces por segunda vez, ¡felicidades, ya es un delito GRAVE! Además, el proyecto otorga amplios poderes a los jueces para obligar a los inmigrantes indocumentados a salir inmediatamente del país.
¿Les suena conocido? Claro, porque esta nueva ley es otro clon de la SB-4 de Texas, que permite a las fuerzas del orden locales aplicar leyes de inmigración. Y, por supuesto, Crane buscó la "bendición" de su cuate, el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, para preguntar si debía hacer ajustes al proyecto, considerando que la ley texana enfrenta retos legales. ¿La brillante recomendación de Paxton? Incluir una cláusula de divisibilidad para que partes de la ley sigan vigentes si otras son anuladas por un juez.
¿Por qué es una idea tan pésima? Esto es lo que le dije a Melanie Rivera-Cortéz para un artículo del Twin Falls Times-News, y lo sostengo firmemente:
"Me parece profundamente lamentable que los representantes Jaron Crane y Bruce Skaug intenten incorporar los peores elementos de la SB-4 de Texas en la Ley 11 de Idaho.
Primero, la inmigración es una responsabilidad federal, no estatal, según la Constitución. En lugar de instar a los legisladores federales a aprobar reformas significativas que regularicen a los 11 millones de inmigrantes trabajadores que ya están aquí y a crear vías para que más trabajadores apoyen la agricultura de Idaho —una industria que sufre de escasez laboral crónica—, este proyecto tendrá el efecto contrario. Sólo en el Valle Mágico, un estudio de la Universidad de Idaho muestra que hay casi 2,900 trabajadores lecheros indocumentados en seis condados. Una legislación que ataque a estos trabajadores pone en riesgo la economía de Idaho de manera significativa.
Además, el estado estima que implementar esta ley requerirá una asignación de $250,000 para el año fiscal 2025, y al menos un millón de dólares más para el año fiscal 2026. Estas cifras ni siquiera incluyen los millones que se gastarán en las inevitables batallas legales, como Texas ya ha demostrado. Un pleito prolongado en los tribunales le costará caro a los contribuyentes de Idaho y erosionará la confianza entre los residentes documentados, posiblemente desatando conflictos por discriminación y perfiles raciales.
Este proyecto representa un desvío alarmante de las políticas migratorias republicanas pragmáticas de líderes como Larry Craig, Phil Batt o incluso Steve Symms, quienes entendían la importancia de un enfoque equilibrado y acogedor hacia la inmigración. La Ley 11 no refleja la tradición de sentido común y compasión de Idaho, y creo firmemente que estos representantes no hablan en nombre de la mayoría de los habitantes de Idaho."
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