Ha sido una semana difícil para Donald Trump. El 45.º y ahora 47.º presidente electo de Estados Unidos asumirá el cargo con la marca de ser un delincuente convicto y el arquitecto de un siniestro plan para socavar las elecciones federales. Muy lejos de la imagen de “hombre justo” que sus seguidores intentan proyectar, Trump enfrenta un legado de escándalos que continúan marcando su trayectoria.
El Departamento de Justicia presentó al Congreso un fragmento del informe del fiscal especial Jack Smith, donde se detalla la evidencia recopilada contra Trump por sus esfuerzos para alterar los resultados de las elecciones de 2020 y su rol en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Según el informe, de 137 páginas y obtenido por The New York Times, había pruebas suficientes para asegurar una condena en caso de juicio. Entre los cargos presentados en 2023 se incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos, obstrucción de procedimientos oficiales y conspiración contra derechos, que abarca intimidación a votantes y funcionarios electorales.
El informe también subraya que la Constitución prohíbe procesar a un presidente en funciones, independientemente de la gravedad de los delitos. Este principio resultó en que las acusaciones fueran desestimadas tras la victoria de Trump en las elecciones de 2024, aunque se dejó la puerta abierta para reabrir los casos en el futuro. Smith revisó y ajustó las acusaciones para alinearse con el fallo de la Corte Suprema, que otorgó a Trump inmunidad presuntiva incluso para actos no oficiales, como sus llamados a “encontrar votos” para revertir los resultados de las elecciones.
Paralelamente, Trump fue sentenciado el viernes en el caso de sobornos con dinero para silenciar a terceros. Durante una audiencia virtual, los fiscales de Nueva York criticaron su "ataque directo contra el estado de derecho" y sus constantes intentos de desacreditar al juez y al sistema judicial. Aunque el juez Juan Merchan dictó una "descarga incondicional" que evita prisión, multas o libertad condicional, dejó claro que esta decisión era necesaria para proteger "la oficina de la presidencia, no al ocupante de la oficina".
Estos eventos resaltan cómo Trump ha manipulado el sistema judicial y electoral en beneficio propio, dejando a Estados Unidos dividido, con instituciones debilitadas y un preocupante precedente para futuros líderes. Su presidencia, marcada por controversias y decisiones polarizantes, continúa cuestionando los límites de la democracia y la justicia.
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