Hace apenas unos años, habría sido impensable imaginar a El Salvador en el centro de una crisis diplomática impulsada por los caprichos de un presidente estadounidense. Hoy, ese escenario es una inquietante realidad.
Donald Trump no sólo ha reiterado su deseo de encarcelar a inmigrantes en la temida mega-cárcel CECOT; ahora quiere mandar también a ciudadanos estadounidenses. El lunes, le dijo al presidente salvadoreño Nayib Bukele que "tendría que construir cinco prisiones más" si él logra su objetivo. Alega que sólo serían “personas violentas”, pero también ha propuesto enviar ahí a quienes protesten en concesionaros de Tesla —todo, claro, para proteger a su amiguito Elon Musk.
Esto no es solo absurdo; es inconstitucional. Deportar ciudadanos estadounidenses va contra la ley. Incluso viola una ley que el propio Trump firmó en su primer mandato.
Y mientras Trump juega a dictador, el caso de Kilmar Abrego García grita por justicia. Abrego es un salvadoreño que llegó a Maryland huyendo de las pandillas. En 2019, un juez le concedió protección para no ser deportado. Pero el mes pasado, la administración Trump lo mandó por error a la prisión CECOT, a pesar de no tener antecedentes penales.
La Corte Suprema ya ordenó su regreso. Bukele se niega. Trump también. Ninguno acata la ley.
El senador Chris Van Hollen ha denunciado esta violación al debido proceso y viajará esta semana a El Salvador para intentar ver a Abrego García. Ha sido claro: “si permitimos que la administración de Trump ignore las órdenes judiciales, los derechos de todos los estadounidenses están en peligro”.
El Salvador recibe seis millones de dólares de Estados Unidos por mantener detenidos a deportados. Bukele ha dicho que no puede “contrabandear a un terrorista” de vuelta. Pero Abrego no es terrorista ni pandillero. Es padre de tres, trabajador de la construcción y protegido por una orden judicial que Trump violó.
La jueza federal Paula Xinis ya advirtió que no tolerará más “juegos políticos” y ha ordenado testimonio jurado de funcionarios de ICE, DHS y el Departamento de Estado. “No tengo respuestas reales”, dijo la jueza, visiblemente frustrada. “Se acabó el teatro”.
Lo más grave es que Bukele ha jugado el papel de cómplice. Su silencio y su complacencia con Trump podrían costarle el apoyo económico de Estados Unidos. Ya hay congresistas pidiendo suspender los pagos hasta que liberen a Abrego.
Trump está fuera de control. Bukele le sigue el juego. La Corte Suprema ha hablado, y nadie obedece. Hoy es Kilmar Abrego. Mañana podrías ser tú. ¿Vamos a permitirlo?
Añadir comentario
Comentarios