Este Jueves Santo es un día oscuro, un día de sombras lúgubres con un ambiente ominoso. No sólo por su significado religioso para muchos, sino también como reflejo de lo que está ocurriendo en Washington y El Salvador. El presidente Trump sigue atrincherado y desafiando abiertamente a la Suprema Corte, mientras su amiguito Nayib Bukele lleva su servilismo a un nuevo nivel.
El juez federal James Boasberg ha declarado que hay bases suficientes para considerar al gobierno de Trump en desacato criminal. ¿El motivo? Ignorar órdenes judiciales para detener vuelos con más de 130 migrantes venezolanos deportados sin proceso legal a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador, bajo la invocación abusiva del Alien Enemies Act.
Lo más alarmante no es sólo que la administración de Trump ignoró órdenes orales con la excusa infantil de que “no eran escritas” —cuando la ley les otorga el mismo peso legal—, sino que incluso después de perder su apelación en la Suprema Corte, siguieron actuando por cuenta propia. El juez Boasberg fue claro: permitir esto “haría una burla solemne de la Constitución misma”.
Pero la complicidad salvadoreña no se queda atrás. Esta semana, el senador Chris Van Hollen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, viajó personalmente a San Salvador para intentar ver a Kilmar Abrego García, residente legal en EE.UU. durante 14 años, deportado erróneamente y encerrado en CECOT. No ha sido acusado de ningún delito. Su único “crimen”: ser confundido por la policía de Maryland con un miembro de la MS-13, acusación que tanto él como su esposa han negado categóricamente.
Van Hollen fue rechazado por el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, quien además dejó claro que Abrego seguirá preso porque, según él, el gobierno de Trump está pagando para que lo mantengan ahí. ¿Hasta dónde llega esta farsa?
La administración de Trump no sólo ignora órdenes judiciales: manipula instituciones, miente al Congreso y ahora exporta su desdén por los derechos humanos a gobiernos extranjeros serviles. ¿Y qué hace la Suprema Corte? Se rindió 5-4 ante una administración que no respeta ni los más mínimos principios constitucionales.(Aunque fallaron 9 a 0 en el caso de Abrego).
Estamos viendo un patrón de abuso sistemático, con tintes dictatoriales, que no sólo pone en riesgo a migrantes vulnerables, sino que amenaza la esencia misma del sistema judicial estadounidense. La historia juzgará este momento. Pero mientras tanto, es nuestro deber denunciar, exigir justicia y dejar claro que ningún presidente está por encima de la ley. Ni aquí, ni en El Salvador.
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