La administración de Donald Trump ha decidido librar su guerra contra los inmigrantes desde las cortes, desafiando principios legales básicos y violando órdenes judiciales con descaro. El caso de Kilmar Abrego García es una prueba brutal de ello.
Este jueves, el Cuarto Tribunal de Apelaciones de EE.UU. rechazó el intento del gobierno de Trump por evadir su responsabilidad en la repatriación de Abrego García, un trabajador metalúrgico de Maryland que fue deportado “por error” a El Salvador, a pesar de una orden judicial que impedía su expulsión.
“El gobierno afirma que Abrego García es un terrorista y miembro de MS-13. Tal vez, pero tal vez no. Aun así, tiene derecho al debido proceso”, escribió el juez J. Harvie Wilkinson, designado por Reagan, en un fallo contundente. Subrayó que el gobierno parece querer “esconder ciudadanos en prisiones extranjeras sin una pizca del debido proceso que sustenta nuestro orden constitucional”.
La Corte Suprema ya había instruido al gobierno que “facilitara” el regreso de Abrego García, pero la administración, lejos de cumplir, ha entorpecido el proceso con pretextos y desobediencia abierta.
Este jueves, el senador Chris Van Hollen se reunió con Abrego en El Salvador. También habló con su esposa en EE.UU. para transmitirle un mensaje de amor. El presidente salvadoreño Nayib Bukele no tardó en convertir el encuentro en propaganda, alardeando en redes que Abrego permanecerá “honrosamente” bajo custodia salvadoreña. ¿Honra?
Mientras el gobierno ignora fallos judiciales, Trump intenta anular otra piedra angular del sistema constitucional: el derecho de nacimiento. Este derecho, consagrado en la 14ª Enmienda tras la Guerra Civil, garantiza ciudadanía automática a quienes nacen en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Pero Trump quiere eliminar esa garantía para hijos de inmigrantes indocumentados. Su orden ejecutiva fue bloqueada por varias cortes, y aunque el Supremo mantuvo la suspensión, aceptó escuchar argumentos en mayo. El equipo legal de Trump alega que estos niños no están “sujetos a la jurisdicción” de EE.UU. y por tanto no tienen derecho a ciudadanía.
Si el Supremo permite que la política entre en vigor en algunos estados pero no en otros, se abriría la puerta a un sistema donde tu ciudadanía dependería del código postal donde naciste. Sería un caos jurídico y una traición al espíritu de igualdad ante la ley.
La intención de Trump es clara: redefinir quién merece ser parte de este país. No con base en la Constitución, sino según su agenda xenófoba y autoritaria. Hoy es Abrego García. Mañana puede ser cualquier otro. No es sólo una cuestión legal—es una lucha por el alma de Estados Unidos.
Añadir comentario
Comentarios