Cuando se trata de cumplir con la ley, Donald Trump se hace el pendejo y se hace de la vista gorda. Era de esperarse, ya que el mismo mandatario ha sido condenado por varios delitos graves. Pero cuando se trata de la inmigración, si desobedecer lo favorece políticamente, el vato anaranjado lo hará sin pensarlo dos veces.
El más reciente acto de desacato de Trump a la justicia federal ocurrió con la deportación de cientos de venezolanos hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que lo prohibía. Esta acción no solo desafió directamente a la corte, sino que también expuso a los deportados a condiciones de detención inciertas en un país donde no tenían ninguna conexión ni garantía de seguridad. La administración de Trump justificó la deportación argumentando que los venezolanos estaban vinculados a la pandilla Tren de Aragua, pero no presentó pruebas que respaldaran dicha afirmación. Este acto de rebeldía judicial es un claro ejemplo de cómo Trump utiliza la inmigración para afianzar su poder, ignorando las restricciones legales cuando le conviene.
No es la primera vez que su administración ignora el mandato de una corte. De hecho, en apenas dos meses de su segundo mandato, ha hecho caso omiso a fallos que ordenaban desbloquear fondos para programas nacionales e internacionales.
Esta rebeldía institucional se pone a prueba con la Suprema Corte, dominada en gran parte por jueces que él mismo nombró. Hasta ahora, el alto tribunal ha evitado intervenir, pero el choque de poderes es inminente.
La política migratoria de Trump ha llevado la aplicación de la ley a extremos inexplorados. Su administración ha apelado a la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado para revocar tarjetas de residencia y visas bajo argumentos de "seguridad nacional" sin presentar evidencia clara. Tal es el caso de Mahmoud Khalil, un activista palestino que, tras graduarse de Columbia University, perdió su estatus legal con base en acusaciones no fundamentadas. Otro ejemplo es el de la profesora Rasha Alawieh, de Brown University, quien fue deportada sin cargos penales en su contra.
El verdadero peligro radica en que Trump está consolidando un poder casi absoluto, erosionando los principios democráticos que han servido como contrapeso al Ejecutivo. Su gobierno ha cerrado agencias federales, despedido a miles de empleados públicos y bloqueado fondos asignados legalmente. Además, ha intensificado ataques contra instituciones independientes como universidades y medios de comunicación.
El fin justifica los medios para Trump. Y su fin es el control absoluto. Su actitud desafiante contra los jueces lo demuestra. En respuesta a la orden del juez James Boasberg de suspender deportaciones, su administración no solo desobedeció, sino que minimizó la autoridad judicial. "No nos importa lo que piensen los jueces", declaró su zar fronterizo, Tom Homan, dejando en claro que la ley es opcional para Trump cuando le resulta inconveniente.
Mientras tanto, la Corte Suprema observa desde las sombras. La pregunta es: ¿intervendrá antes de que el país cruce un punto de no retorno? Si el poder judicial no actúa, Estados Unidos estará viendo el fin del estado de derecho y el inicio de una autocracia. Y eso no es hipérbole; es la cruda realidad de un país gobernado por un hombre que se cree la ley misma.
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Comentarios
Es increíble que en un país del primer mundo este sucediendo esto con el gobierno, y más aún que el pueblo estadounidense no se levante en su totalidad en contra de ellos, están asustado y solo se esconden por temor a las represalias, ojalá que se encuentre una solución rápido antes que sea demasiado tarde y esté país pase de ser un gran país a un país dominado por millonarios sin sentido de lo que es política y buscar beneficios solo para esa élite, es tiempo de que despertemos y alsemos la voz qué sin duda habrá alguien que se atreva a levantar la mano