Existe un dicho que uno "es terco como una mula," y en la política moderna, no ha habido nadie tan terco como Donald Trump. Tan terco que no acata órdenes de un juez federal y ahora hasta un regaño de un magistrado de la Suprema Corte. En el mundo de un ciudadano común y corriente, un acto de desacato podría terminar con tiempo en la cárcel, pero para el Mesías Cheeto, Donald Trump, no pasa nada. Fomentar una crisis constitucional es cosa de todos los días.
El último episodio en esta saga de autoritarismo disfrazado de política migratoria ocurrió cuando la administración de Trump expulsó a más de 250 personas a una prisión en El Salvador bajo un poder de guerra extremo, ignorando una orden de un juez federal que exigía más información sobre los expulsados. En lugar de cumplir con la ley, el gobierno de Trump alegó que el juez no tenía derecho a solicitar dicha información. Así, en su obsesión por criminalizar a los inmigrantes, Trump ha decidido que su palabra está por encima de la Constitución.
El fin de semana pasado, cientos de migrantes venezolanos fueron enviados a El Salvador en vuelos organizados por el gobierno de Trump, a pesar de que el juez James Boasberg había emitido una orden oral exigiendo que los aviones regresaran a Estados Unidos. La administración argumentó que las órdenes verbales del juez no eran aplicables y que no tenía la obligación de revertir los vuelos porque estos ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense. La audacia con la que el gobierno de Trump pisotea el estado de derecho es alarmante.
Para justificar esta barbaridad, Trump firmó en secreto una proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite a los presidentes arrestar y deportar a no ciudadanos sin el debido proceso en tiempos de guerra. Trump argumenta que la pandilla venezolana Tren de Aragua califica como un gobierno extranjero en guerra con Estados Unidos. En otras palabras, usa una ley de 1798 para justificar su cruzada xenófoba.
La realidad es aún más perturbadora. El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, está encarcelando a los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a cambio de seis millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses. Las condiciones en esa prisión son infames, con reportes de abusos y muertes de reclusos. Trump, lejos de preocuparse por el respeto a los derechos humanos, celebra su logro migratorio mientras Bukele se burla del juez federal en redes sociales. La complicidad entre estos dos líderes autoritarios es evidente.
Pero la historia no termina ahí. Cuando el juez Boasberg intentó hacer valer la ley, Trump y sus aliados comenzaron una campaña de intimidación, exigiendo su destitución. Incluso el propio Trump pidió su destitución en su plataforma Truth Social. Sin embargo, el magistrado John Roberts, presidente de la Suprema Corte, no se quedó callado. En un gesto inusual y contundente, Roberts rechazó tajantemente la idea de destituir jueces solo por emitir fallos desfavorables. Con un mensaje claro y directo, recordó que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia y que el proceso de apelaciones existe precisamente para estos casos.
Roberts, un conservador que ha tenido roces con Trump en el pasado, ha demostrado nuevamente que no está dispuesto a doblegarse ante sus intentos de socavar el sistema judicial. Su intervención pública no solo desautorizó a Trump, sino que también sirvió como un recordatorio de que el poder judicial aún tiene la capacidad de resistir los embates del autoritarismo. En tiempos donde la democracia está bajo asedio, la voz de Roberts resuena como una defensa crucial del Estado de derecho.
El desprecio de Trump por la ley y las instituciones es un recordatorio de que su regreso al poder representa una amenaza existencial para la democracia. No es solo un político tercamente autoritario; es un peligro latente que busca socavar el sistema desde dentro. La pregunta es: ¿cuánto más podrá salirse con la suya antes de que el país despierte?
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