Los contrastes políticos entre México y Estados Unidos se han agudizado de forma alarmante. Mientras el país del norte se desliza hacia el autoritarismo, protegiendo con leyes a un presidente convicto, México da pasos concretos hacia una democracia más madura, en la que incluso el poder presidencial debe rendir cuentas.
El tema del fuero político es una muestra clara. En México, históricamente ha sido un blindaje legal para que funcionarios de alto nivel —presidentes, senadores, gobernadores, ministros— eviten enfrentar consecuencias legales mientras están en funciones. Pero ese viejo pacto de impunidad está siendo desmantelado.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con firmeza: “Nosotros siempre estuvimos en contra del fuero y es algo que se tiene que poner en debate”. Su apoyo a la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminar el fuero de legisladores y gobernadores es un paso valiente hacia una política más transparente.
Sheinbaum también recordó que esta no es una postura nueva: “Desde 2021, el presidente López Obrador promovió una reforma para que la o el titular del Ejecutivo federal no cuente con fuero constitucional. La presidenta ya no tiene fuero; si es juzgada, hay un mecanismo especial en el Congreso. No puede ser cualquier juez o fiscal, pero el juicio es posible”.
Y es que, como dijo el propio AMLO en aquel entonces: “El fuero ha servido para la impunidad, no para proteger la investidura presidencial. Yo no quiero fuero; el que nada debe, nada teme”.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la Suprema Corte —de mayoría conservadora— emitió en julio de 2024 una decisión histórica en el caso Trump v. United States, otorgando inmunidad casi total al presidente por actos oficiales. La Corte falló que un presidente no puede ser procesado criminalmente por decisiones tomadas en el ejercicio de su poder constitucional, y además goza de inmunidad presunta por casi cualquier acto oficial.
El resultado: Donald Trump, ya convicto por delitos financieros, ha sido empoderado aún más. Ya ha comenzado a despedir funcionarios de agencias independientes, acciones que antes eran ilegales. Dos excomisionados de la Comisión Federal de Comercio ya presentaron demandas por despido injustificado. A esto se suman propuestas legislativas de republicanos para debilitar al poder judicial, incluyendo la posibilidad de enjuiciar a jueces que no se alineen con la agenda presidencial.
La jueza Sonia Sotomayor, en su voto en contra, fue contundente: “El presidente ahora es un rey por encima de la ley”.
Mientras Estados Unidos se aferra a una visión imperial de la presidencia, México comienza a desmantelar estructuras de impunidad. Allá se fortalece el culto a la personalidad; aquí se fortalece el compromiso con la rendición de cuentas.
El país que se autodenominaba guardián de la democracia ahora da cobijo al autoritarismo con ropaje legal. En cambio, México —con todos sus retos y contradicciones— se atreve a decir lo impensable hace una década: que el poder debe ser humilde, y sobre todo, responsable.
Porque en una verdadera democracia, ningún cargo, ni siquiera la presidencia, debe ser excusa para evadir la justicia.
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